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Acuerdo entre Gobierno y universidades, pero continúa el conflicto legal

Gobierno y universidades acuerdan salarios, pero persiste el litigio por financiación ante la Corte Suprema.

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Acuerdo entre Gobierno y universidades, pero continúa el conflicto legal

El Gobierno argentino y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han alcanzado un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de aliviar el conflicto por los fondos destinados a las universidades públicas. Sin embargo, las instituciones educativas confirmaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa sin aplicarse a pesar de haber sido sancionada por el Congreso.

El acuerdo incluye un aumento salarial del 24,33% en dos tramos: un 21,33% en julio y un 3% en octubre. Según lo pactado, se espera una nueva reunión paritaria con los gremios. A pesar de este avance, los rectores han dejado claro que no retirarán la demanda judicial que actualmente se estudia en la Corte Suprema.

Compromisos adicionales

Además del ajuste salarial, el Gobierno se comprometió a evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios frente a la inflación durante 2026. Se firmó un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que fomenta estudios en áreas clave para el desarrollo nacional. También se garantizaron $50 mil millones adicionales para hospitales universitarios.

Las negociaciones incluyeron el tratamiento de la situación salarial del personal docente en colegios preuniversitarios, quienes han visto reducirse su salario debido a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID). El Ejecutivo está trabajando junto a las universidades y gremios para alcanzar un acuerdo que contemple una instancia paritaria real.

Situación legal y reclamos

La disputa legal sobre la Ley de Financiamiento Universitario está marcada por una medida cautelar a favor de las universidades, recientemente suspendida por un recurso del Poder Ejecutivo. La decisión final está en manos de la Corte Suprema, que aún no tiene fecha para pronunciarse.

Desde el Gobierno se declaró que la ley es “ilegal” por no especificar claramente la fuente de financiamiento, según la normativa vigente. Mientras tanto, el sector universitario y los gremios sindicales mantienen una postura de desconfianza, destacando la necesidad de convocatorias formales para negociar.

Las universidades también continúan movilizándose. Recientemente, estudiantes y gremios realizaron manifestaciones públicas y clases frente al Palacio de Justicia, demandando una resolución por parte de los jueces de la Corte Suprema. Estas acciones incluyen ocupaciones en colegios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.

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