Casta y Anticasta Minera S. A
Un recorrido por el modelo minero catamarqueño revela tensiones entre inversión, control estatal y causas judiciales. La seguridad jurídica, clave del discurso oficial, enfrenta cuestionamientos en la práctica.
Manual catamarqueño de la seguridad jurídica minera
(Como la minería produce consensos entre la casta y la anticasta)
Antes de empezar: qué es la seguridad jurídica
Todo sistema minero moderno necesita una cosa antes que minerales, empresas o maquinaria pesada: SEGURIDAD JURÍDICA.
La expresión se repite con notable disciplina en discursos oficiales, conferencias empresariales y anuncios de inversión. Sin ella (se dice) ningún proyecto serio podría desarrollarse.
En principio, la idea parece razonable. La seguridad jurídica debería significar algo simple: reglas claras, autoridades previsibles y leyes que se cumplen, para todos.
Para las empresas que invierten, pero también para las comunidades que viven cerca de las minas, para los productores locales, para quienes dependen del agua de una cuenca o del equilibrio de un ecosistema.
La ley, en teoría, protege a todos por igual.
El problema es que en Catamarca la expresión seguridad jurídica minera se usa con tanta frecuencia que conviene detenerse un momento y observar cómo funciona en la práctica.
Porque mientras el sistema parece operar con bastante eficacia para habilitar concesiones, realizar reuniones técnicas e informativas, firmar contratos y exportar minerales, el panorama se vuelve un poco más confuso cuando aparecen conflictos ambientales, denuncias políticas, tráfico de influencias o causas judiciales vinculadas a la minería.
Tal vez sea solo una coincidencia.
O tal vez la famosa seguridad jurídica funcione mejor cuando se trata de extraer minerales que cuando se trata de investigar al poder.
Para entender cómo funciona este mecanismo conviene seguir un procedimiento simple.
Este Manual catamarqueño de seguridad jurídica minera propone recorrerlo paso a paso.
Paso 1: Consiga minerales
Todo sistema minero necesita un punto de partida elemental: minerales. Catamarca, por fortuna geológica, los tiene en abundancia. Cobre, oro y, en tiempos más recientes, litio. La naturaleza dejó el recurso; el resto debía organizarlo la política.
El modelo minero moderno en la Argentina comenzó a tomar forma durante las reformas económicas de los años noventa. En ese período se sancionó la Ley de Inversiones Mineras (24.196), que estableció estabilidad fiscal, beneficios impositivos y un marco jurídico pensado para atraer capitales internacionales hacia proyectos de gran escala. El mensaje era claro: quien invirtiera en minería encontraría reglas previsibles durante décadas.
Catamarca se incorporó rápidamente a ese esquema. Durante el gobierno de Arnoldo Castillo, la provincia adhirió al régimen nacional y redujo las regalías mineras del 10% al 3%, alineándose con la lógica de promoción de inversiones que dominaba la política económica del momento. La decisión fue presentada como una condición necesaria para que la provincia ingresara al nuevo mapa minero del país.
El resultado apareció pocos años después. En 1997 comenzó a operar Bajo La Alumbrera, uno de los primeros grandes emprendimientos metalíferos a cielo abierto del país. El proyecto reunió a la empresa Minera Alumbrera, la participación estatal de YMAD (una de las pocas empresas estatales mineras que sobrevivió a la década privatizadora de los 90s) y capitales internacionales.
Con Alumbrera no empezó solamente una mina. Empezó también un modelo: leyes pensadas para atraer inversiones, participación estatal en los proyectos y un discurso político que convertiría a la minería en una de las promesas de desarrollo más repetidas en la historia reciente de Catamarca.
Paso 2 : Construya una arquitectura legal favorable
Una vez que se dispone de minerales, el siguiente paso del manual es más delicado: organizar las reglas del juego. La minería moderna no se sostiene solamente con geología; necesita también un andamiaje jurídico capaz de ofrecer previsibilidad a largo plazo.
Durante los años noventa ese andamiaje comenzó a tomar forma en la Argentina. El Código de Minería, la Ley de Inversiones Mineras, y más tarde la Ley 24.585 de protección ambiental minera y la Ley General del Ambiente, establecieron un conjunto de normas destinadas a ordenar la actividad. En teoría, el sistema combina dos objetivos: fomentar la explotación de recursos y garantizar la protección ambiental.
En los textos legales, el equilibrio parece razonable. Por un lado, se promueve la inversión con estabilidad fiscal y reglas claras. Por otro, se establecen instrumentos de control ambiental, evaluaciones de impacto y responsabilidades frente a posibles daños. El sistema promete, en definitiva, compatibilizar desarrollo económico y protección del ambiente.
Sin embargo, esta arquitectura legal posee una característica particular que conviene recordar. La Constitución Nacional, en su artículo 124, establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Eso significa que el control efectivo de la actividad minera recae en los gobiernos provinciales, que al mismo tiempo deben autorizar proyectos, supervisar su desarrollo y, en muchos casos, participar de la renta que generan.
El resultado es un sistema donde la provincia no solo regula la minería: también la promueve y, en el caso de Catamarca participa de ella. Una combinación institucional que, como suele ocurrir en política, puede generar interesantes desafíos para el arte de controlar aquello que al mismo tiempo se intenta impulsar.
Paso 3: Cree organismos estatales mineros
Una vez que el marco legal está listo, el manual recomienda dar el siguiente paso: crear instituciones provinciales que administren el negocio. No basta con autorizar minas; también conviene contar con organismos capaces de intervenir directamente en la actividad.
En Catamarca esa función la cumple desde hace décadas YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa estatal creada para explorar y explotar recursos mineros en la provincia. Con el tiempo, YMAD se convirtió en un actor central del ciclo minero, particularmente durante la etapa de Bajo La Alumbrera, donde participó como socio estatal del proyecto.
Pero el sistema provincial no se detuvo allí. En 2012, durante el gobierno de Lucía Corpacci, la provincia creó CAMYEN (Catamarca Minera y Energética). La idea era simple y, en teoría, ambiciosa: que el Estado provincial no fuera solo quien firma permisos y controla expedientes, sino también un actor empresario capaz de participar en proyectos, administrar activos mineros y negociar con compañías internacionales.
En los papeles, la fórmula parecía virtuosa: un Estado presente que regula, controla y participa.
En la práctica, el sistema produjo una situación bastante más interesante. El mismo Estado que debe controlar la actividad minera puede encontrarse también negociando contratos, administrando concesiones o buscando socios para nuevos emprendimientos. Es decir, el árbitro del partido puede terminar sentado en el banco de uno de los equipos.
No sorprende entonces que, con el paso de los años, CAMYEN y otros organismos vinculados a la minería hayan aparecido con frecuencia en denuncias políticas, investigaciones periodísticas y expedientes judiciales. Contratos discutidos, disputas por concesiones, acusaciones de manejo discrecional de recursos públicos.
Nada demasiado extraordinario para un sector que mueve cientos de millones de dólares.
Después de todo, cuando la política administra minerales, la tentación de administrarlos con cierta creatividad suele aparecer con notable regularidad.
Paso 4 : Espere conflictos judiciales
Todo sistema necesita un momento de sinceridad. En este manual de la minería suele aparecer más tarde que temprano: LOS TRIBUNALES y lastimosamente cuando los proyectos ya están funcionando y las exportaciones figuran en los informes económicos.
Tomemos el caso de Minera Alumbrera. La mina comenzó a operar en 1997 y fue presentada durante años como el símbolo del nuevo ciclo minero argentino. Inversión internacional, tecnología moderna, estabilidad jurídica. El relato era impecable. Sin embargo, apenas dos años después de iniciada la explotación comenzaron a registrarse denuncias por contaminación vinculadas al mineraloducto que transportaba concentrado desde Andalgalá hasta Tucumán. La discusión terminó instalándose en la justicia federal.
En la causa penal por contaminación de la cuenca Salí–Dulce, la investigación alcanzó a directivos de la empresa por infracciones a la ley de residuos peligrosos. Entre ellos apareció el nombre de Julián Patricio Rooney, quien había sido CEO de Minera Alumbrera. En 2019 el juez federal Fernando Poviña ordenó su procesamiento como partícipe del delito ambiental y dispuso el embargo de sus bienes. En 2020 la Cámara Federal de Tucumán confirmó ese procesamiento. Para entonces la causa llevaba más de veinte años de litigios.
Mientras tanto, la mina siguió operando. El concentrado de cobre y oro continuó saliendo del país con notable regularidad. Los tribunales investigaban; el negocio exportaba. Cada cual cumpliendo con su parte del sistema.
Con el auge del litio el escenario volvió a repetirse con una precisión casi didáctica. En 2021 la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano presentó un amparo ambiental contra autorizaciones otorgadas a proyectos en la cuenca del Salar del Hombre Muerto. La demanda señalaba que varias explotaciones estaban utilizando el mismo sistema hídrico sin una evaluación ambiental acumulativa.
En marzo de 2024 la Corte de Justicia de Catamarca declaró procedente la acción y ordenó realizar un estudio integral del impacto ambiental sobre la cuenca Río Los Patos–Salar del Hombre Muerto. Una anomalía sin precedentes en la Corte Suprema que preside Martel y con la presencia de Fernanda Rosales Andreotti cuyos único méritos son, al parecer, ser un entrañable amigo del gobernador o esposa del ex intendente de Fray Mamerto Esquiu respectivamente.
Pero el resultado para sorpresa de nadie fue que esa misma corte resolvió levantar la cautelar sobre la subcuenca Rio Los Patos-Salar del Hombre Muerto este 31 de Marzo del 2026.
Llegados a este punto del manual aparece una pregunta inevitable. Si el sistema jurídico funciona con admirable rapidez para aprobar concesiones, firmar contratos y garantizar estabilidad a las inversiones, ¿por qué la justicia parece llegar siempre después de que todo está autorizado y funcionando?
Tal vez sea una simple coincidencia administrativa.
O tal vez sea la consecuencia natural de un sistema que ha aprendido a funcionar con extraordinaria eficiencia cuando se trata de extraer minerales, pero con bastante más cautela cuando se trata de examinar a quienes administran ese proceso.
Paso 5 : Observe cómo funciona el ecosistema
Hasta aquí el manual ha explicado cómo conseguir minerales, cómo construir un marco legal favorable y cómo convivir con los inevitables conflictos judiciales. Falta, sin embargo, un elemento esencial para comprender el sistema: observar con atención el ecosistema que se forma alrededor de la minería.
En teoría, la actividad minera se organiza alrededor de concesiones, empresas, contratos y organismos estatales encargados de regular el sector. En la práctica, con el paso del tiempo, comienzan a aparecer otras relaciones bastante interesantes: vínculos personales, coincidencias empresariales y trayectorias políticas que parecen cruzarse con notable frecuencia en el mismo sector económico.
Un ejemplo de esta dinámica aparece en el negocio del litio en Fiambalá. Investigaciones periodísticas mencionaron la existencia de contratos entre empresas vinculadas a proyectos mineros y sociedades relacionadas con el entorno del vicegobernador Rubén Dusso1. En esas investigaciones aparece la empresa Altcaly, presidida por Juan Pablo Dusso, concejal de la capital catamarqueña e hijo del vicegobernador. Documentos citados en esas notas describen contratos de mutuo destinados a financiar maquinaria utilizada en proyectos mineros por montos que superan los 390 millones de pesos.
Nada de esto constituye una condena judicial. Pero sí invita a formular una pregunta elemental: cuando empresas vinculadas al negocio minero celebran contratos con sociedades dirigidas por familiares de autoridades provinciales, ¿estamos ante simples coincidencias empresariales o ante un sistema de relaciones bastante más estrechas de lo que el discurso institucional suele admitir?
Otro episodio reciente volvió a instalar la misma pregunta. En 2025 legisladores provinciales denunciaron penalmente al gobernador Raúl Jalil por la cesión del prospecto minero Cerro Atajo a una empresa sin trayectoria minera vinculada al empresario Mario Cirigliano. Según la denuncia presentada por diputados de la oposición, el contrato habría sido firmado a través de la empresa estatal CAMYEN y podría implicar un perjuicio para el patrimonio provincial. Los legisladores mencionaron además vínculos personales entre el gobernador y el empresario involucrado, incluyendo relaciones comerciales previas y viajes compartidos2.
La causa deberá ser investigada por la justicia. Pero el episodio dejó una escena bastante pedagógica: en la provincia donde se promete atraer grandes inversiones mineras, una de las principales discusiones públicas gira alrededor de la adjudicación de un yacimiento de oro y cobre a una empresa sin experiencia en minería.
La historia tiene antecedentes. Durante los años del gobierno de Lucía Corpacci Saadi se acumularon denuncias vinculadas a la gestión de recursos mineros a través de CAMYEN y a la explotación de la mina Capillitas3. En esos expedientes aparecieron mencionados Ángel Mercado (figura central del esquema minero provincial en la época de Corpacci Saadi) y Rodolfo Micone, funcionario del área minera. Las denuncias hablaban de presuntas irregularidades en contratos, comercialización de minerales y manejo de recursos de la empresa estatal. En 2017 la causa fue archivada por el fiscal interviniente. Dos años después un juez ordenó reabrir la investigación al considerar que no se habían producido pruebas básicas.
El manual aconseja observar estos episodios con calma. No todos terminan en condenas. Algunos se diluyen en discusiones administrativas, otros quedan atrapados en litigios interminables. Pero juntos dibujan un paisaje institucional bastante instructivo.
Hay otro episodio reciente digno de mencionar y que involucra directamente al negocio del litio. Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos4, la empresa estadounidense Livent (operadora del proyecto Fénix en Antofagasta de la Sierra) habría subfacturado exportaciones de litio por más de 13,5 millones de dólares en 2022. La compañía ya había registrado diferencias tributarias por unos 8 millones de dólares entre 2018 y 2019, lo que derivó en multas que fueron apeladas ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
La discusión es relevante porque la subfacturación en exportaciones no afecta únicamente al fisco nacional. También impacta directamente en las regalías que reciben las provincias. Estimaciones presentadas ante organismos provinciales sugieren que Catamarca podría haber dejado de percibir más de 2.200 millones de pesos en regalías entre 2019 y 2022 como consecuencia de estas diferencias.
A esto habría que sumar la aprobación del RIGI, el cual propiciado por el gobernador Jalil (aliado político del presidente Milei) le valió la salida del gobierno nacional del directorio de YMAD. Con la retirada de nación de YMAD (empresa minera con participación del estado catamarqueño), se renegoció el control de la empresa quedando Catamarca con el 60% y la Universidad de Tucumán (UNT) con el 40%. En una sesión de la Cámara de Diputados de Catamarca, tan fugaz como tienen todos los temas importantes (a comparación de las proyectos de declaración de interés de alguna fiesta de jalea de membrillo y para la sorpresa nuevamente de nadie) aprobaron este nuevo acuerdo de conciliación.
Y si bien la participación de la UNT era algo históricamente justificado en la creación de YMAD, cuando el químico Abel Peirano, descubridor de la mina de Farallón Negro cedió sus derechos a la UNT en 1948, llamada poderosamente la atención porque no se propuso en que parte de esas utilidades se destinen a la Universidad Nacional de Catamarca o los institutos terciarios provinciales. Teniendo cuenta que es algo que hubiera merecido un tratamiento más profundo, ya que los aportes millonarios para la ciudad Universitaria de Tucumán jamás se concretaron y valió causas judiciales de corrupción a ex autoridades universitarias.
Llegados a este punto del manual aparece una pregunta inevitable. Si la minería catamarqueña se presenta como una oportunidad real de desarrollo, ¿por qué el sistema parece producir con tanta regularidad denuncias políticas, controversias contractuales, sumarios fiscales y sospechas de conflictos de intereses?
Tal vez sea una coincidencia.
O tal vez, como suele ocurrir en ciertos ecosistemas bien adaptados, cada organismo del sistema cumple su función con notable eficiencia: unos extraen minerales, otros firman contratos, algunos investigan irregularidades… y la mayoría aprende rápidamente a convivir con todas las anteriores.
Paso 6: Observe lo que ocurre cuando la sociedad empieza a hacer preguntas
Todo manual termina con una advertencia final. No sobre minerales ni sobre leyes, sino sobre algo bastante más imprevisible: la reacción de la sociedad.
Durante muchos años el sistema minero catamarqueño se sostuvo sobre una combinación relativamente estable de factores. Recursos abundantes, legislación favorable, organismos provinciales dedicados a administrar la actividad y un discurso político que repetía una promesa hasta el hartazgo: la minería traerá desarrollo.
Con el tiempo, sin embargo, comenzó a aparecer otro elemento en la ecuación. La desconfianza.
Un ejemplo reciente puede encontrarse en las discusiones vinculadas al proyecto Sofía Gold en Santa María. En las reuniones comunitarias y asambleas abiertas convocadas en el Valle Calchaquí, vecinos y comunidades indígenas plantearon una preocupación bastante concreta: la ausencia de información clara sobre el proyecto y el temor a repetir experiencias que según sostienen, dejaron impactos ambientales y promesas de desarrollo incumplidas en otras zonas de la provincia.
La inquietud no gira únicamente alrededor de la geología del yacimiento. Aparecen también preguntas sobre el agua, el territorio, el patrimonio arqueológico y las consecuencias sociales que podría tener un emprendimiento de ese tipo, en una región que ya conoce de cerca la historia de Bajo La Alumbrera.
En esas asambleas también se recordó algo que suele desaparecer de los discursos oficiales: la megaminería no es una hipótesis teórica para esas comunidades. Es una experiencia histórica cuyos resultados todavía se discuten.
Frente a ese escenario, la diputada libertaria Alba Aguirre oriunda de Santa María propuso una explicación bastante particular. Según su planteo, el problema principal no sería la actividad minera ni las decisiones políticas que la rodean, sino una falla en la comunicación institucional del Ministerio de Minería. Si el Estado informara mejor (sugiere la hipótesis) buena parte de la desconfianza social desaparecería.
La explicación (quizá por ingenuidad o por querer correr el eje de la discusión) tiene una elegancia notable. Reduce tres décadas de conflictos ambientales, causas judiciales, denuncias políticas, controversias contractuales, un desarrollo que no llega a la cuarta provincia más pobre del país y discusiones sobre regalías a un inconveniente relativamente modesto: la forma en que se transmiten las noticias.
El problema es que incluso el propio Ministerio de Minería reconoció que el concesionario del proyecto Sofía Gold todavía no había presentado el informe de impacto ambiental exigido por la normativa antes de iniciar actividades. Es decir, ni siquiera la etapa técnica inicial del proyecto parece haber seguido exactamente el manual de procedimientos que debería garantizar esa famosa seguridad jurídica.
Tal vez la diputada tenga razón y todo sea, efectivamente, un problema de comunicación. Pero también existe otra posibilidad menos tranquilizadora: que la desconfianza social no provenga de lo que la gente desconoce, sino de lo que ya ha visto ocurrir durante décadas en la minería catamarqueña.
En ese mismo debate político aparece otra evolución interesante. El diputado libertario Adrián Brizuela construyó buena parte de su identidad pública denunciando lo que él mismo llamaba “Jalilandia”, una expresión destinada a describir el sistema político provincial y sus formas de poder. Durante años el término funcionó como una crítica directa a lo que el libertarismo catamarqueño llamó “la casta local”.
Sin embargo, cuando la discusión gira alrededor de la política minera de la provincia, el tono parece cambiar notablemente. Allí donde antes había advertencias sobre los mecanismos del poder, hoy se observa un respaldo bastante más tranquilo al modelo minero vigente.
La transformación resulta interesante desde el punto de vista político. El mismo sistema que antes era presentado como un problema institucional parece convertirse, en materia minera, en un terreno sorprendentemente aceptable.
Y es quizá prueba fehaciente y materia de reclamo del cinismo que encierra un objetor a la “casta política”, de arrogarse antes como encumbrado paladín de la moral contra el establishment político catamarqueño (a los que siempre despotrico por extensos posteos de Facebook) y ahora se pliegue y vote de manera totalmente acrítica, expresando sin ningún pudor que la diputada nacional peronista Ávila (la casta) (flamante presidente de la comisión de minería de la cámara nacional de diputados) va a tener el respaldo de la Libertad Avanza en Minería.
Tal vez sea una cuestión de prioridades ideológicas. O quizá revele algo más profundo: la minería catamarqueña posee una extraordinaria capacidad para producir consensos en la “casta político” e incluso entre quienes llegaron prometiendo combatirlos, así la línea entre oposición y oficialismo se desdibuja nuevamente. El consenso corporativo de la minería entre los partidos políticos no es algo nuevo, existió en tiempos del bipartidismo clásico catamarqueños en los años 2000 y 2010 (Frente Cívico y Social que tenía la hegemonía radical vs el Frente para la Victoria liderado por el peronismo).
En este contexto de aprobación de las modificaciones a la Ley de glaciares, apareció nuevamente el argumento de que la misma favorecería el control provincial sobre la actividad minera en áreas peri glaciares (fuentes hídricas para la producción agrícola, turística y la vida misma de los pueblos del interior catamarqueño) . Algo más cercano a la fe que a la evidencia y antecedentes mencionados anteriormente.
Así aparece una arquitectura institucional, difícil de presentar como un ejemplo de contralor riguroso, donde se entreven vínculos personales y familiares con el poder de turno, demasiados visibles para atribuirles confianza o credibilidad a la justicia catamarqueña.
Llegado a este punto conviene detenerse en uno de los aspectos más virtuosos y viciosos de la sociedad catamarqueña: su paciencia. Después de décadas viendo salir de sus montañas exportaciones millonarias y escuchar de un desarrollo anunciado por sus políticos con un entusiasmo casi ritual ante la cuarta provincia más pobre del país, se observa que ésta es igual de abundante que los minerales, pero también (como los minerales) no es infinita, sobre todo en una época de redes sociales con un mayor acceso a la información que los 90s.
Muchas veces esta paciencia (como las mineras), al llegar a la etapa de cierre de su vida útil adopta la búsqueda de nuevas formas de representación política con intendentes que protejan sus intereses u ordenanzas municipales que los blinden de los perjuicios que provoca un modelo viciado; otra veces ante al hartazgo de un sistema diseñado para ignorar sus reclamos de manera continua puede tomar formas menos elegantes y combativas. Así con 30 años de megaminería, lo único interesante de observar es que pasa cuando la sociedad empieza a percibir que lo verdaderamente estable no es el desarrollo sino la pobreza de su gente5.
FUENTES: